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Dando en el Punto

altLa Junta de Control Fiscal vs. La Moratoria

Ejerciendo mis funciones de analista, entiendo justo y necesario educar a mis lectores sobre la Junta de Control Fiscal (JCF). A continuación algunas razones para oponerse a esta herramienta de los bonistas, para cobrar la deuda, no empece la falta de liquidez gubernamental.

La razón de esta JCF es pagarle a los acreedores, sin traernos una sola alternativa de desarrollo económico y creación de empleos en el país. Los cinco miembros de la JCF serán nombrados por el presidente de EE.UU. por quien no votamos, y el gobernador de los puertorriqueños, por quien sí votamos, será un miembro que tendrá voz, pero no voto en esa junta.

La JCF tendrán poder absoluto sobre el presupuesto del país por encima del gobernador y la Legislatura. Sus miembros tendrán inmunidad sobre el desempeño de sus funciones. Pero no se equivoque nadie, estos procónsules serán subvencionados por los fondos del pueblo de Puerto Rico, pero para nada serían supervisados por nuestra Legislatura. Incumplir órdenes de la JCF supondrá un delito menos grave con multa de $1,000 dólares.

Los miembros de la JCF estarán en funciones por un periodo de cinco años. Entre la amplia discreción de la JCF, podría congelar futuros beneficios del Sistema de Retiro, dejarían sin efectos reglamentación ambiental para aprobar proyectos de “emergencia”; podrían crear un sub-comité para aprobar permisos expeditos.

Pero eso no es todo, en un acto de desprecio y discrimen a nuestra juventud  los cinco miembros de la JCF reducirán el salario mínimo a los empleados de menos de 25 años en los primeros tres meses de empleo. De igual forma podrían privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. La JCF, también excluiría a Puerto Rico de la norma federal que eleva a $50,440 el sueldo anual de los salariados a quienes se les tiene que pagar horas extras.

Pero el abuso no se detiene la JCF podría vender los terrenos que fueron ocupados para la Marina en Vieques y deja la puerta abierta para transferir los mismos sin completar la limpieza de estos. Como se percibe la JCF, no sacarán a Puerto Rico de la crisis económica, por no ser esta su prioridad, según el mandato congresional.

La respuesta a esta JCF por parte del gobernador ha sido la ley que establecería una moratoria en el pago de las obligaciones gubernamentales ante la crisis del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).  Lo más inusual de la ley es que contrario a la propia Constitución colonial del Estado Libre Asociado establece una prelación de pago para con los ciudadanos van por encima de las obligaciones constitucionales para con los acreedores. Simplemente se trata de una vulnerable modificación de la Constitución, como bien apunta la legislación, ante la eminente crisis humanitaria que se asoma.

En síntesis, todo este andamiaje de la JCF vs. la Ley de la Moratoria define claramente una crisis que desembocara más temprano que tarde en la crisis de la falta de poderes soberanos y la eventual definición de país. Como lo predijo don Pedro… “yankees o puertorriqueños”.



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