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Hacia el Progreso

altEn medio de la discusion del proyecto congresional HR 4900 sobre el rescate financiero para el Gobierno de Puerto Rico; hay que dejar claro que el resultado de la inacción representaría el caos para Puerto Rico.

Hay un legítimo y genuino interés de proveer un proceso ordenado, justo y transparente para atender la crisis fiscal. Se pudo precisar en la mas reciente audiencia pública que lo propuesto no es un súper capítulo 9, así como tampoco la aplicación de la quiebra federal para Puerto Rico ni un rescate financiero, que eran las preocupaciones principales sobre la medida que tenía el sector republicano en el Congreso.

Se aclaró además, por expertos en el tema, la facultad que tiene el Congreso de establecer unos procesos bajo la Cláusula Territorial para atender la situación de Puerto Rico.

Quedó claro que no es una opción dejar la situación de Puerto Rico en manos de la presente administración. En la propia audiencia pública se recalcó que aún en medio de la crisis han sido irresponsables al no presentar los estados financieros auditados para los pasados dos años fiscales culminados.

Se subrayó el hecho de que cuando esta administración del Partido Popular aprobó la Ley de Moratoria, el impacto en el mercado sobre los valores de Puerto Rico fue sumamente adverso y nefasto, incluyendo la degradación de la deuda.

Tambien se aclaró en la audiencia que una acción como esa sería nefasta porque promovería una emigración masiva en busca de mejores condiciones de vida en los Estados. Esto provocaría una dramática disminución en los recaudos, incluyendo las contribuciones sobre ingreso y el pago de impuestos de consumo, lo cual agravaría la situación de los pagos de los bonos, principalmente, COFINA.

Sobre la Junta de Supervisión Federal podemos decir que hay un mayor consenso y son pocas las disposiciones que requieren un poco más de especificidad. La realidad es que las ramas ejecutiva y legislativa tienen la responsabilidad de presentar un presupuesto balanceado, no sobreestimando recaudos y gastando más de lo que recibe el gobierno.

No hacer esto sería razón para que interviniera la Junta, por tanto, si hay un interés genuino en atender responsablemente la crisis fiscal, no debe existir temor alguno y más bien debe existir la obligación moral de cumplir con un presupuesto balanceado.

Quedó demostrado durante las discusiones de la medida que hay consenso en la necesidad de restructurar la deuda.  Sin embargo, debe ser a través de un proceso balanceado y justo para todos y es en este aspecto que entiendo hay las mayores disprepancias.

Es lógico que surjan interrogantes y la necesidad de aclarar el alcance de las disposiciones de la ley, así como sus repercusiones. Aquí estamos discutiendo el futuro del pueblo de Puerto Rico que ha sido víctima de malas administraciones y de un estatus indigno y desventajoso. Lo importante es que tiene que exisitir acción porque, que no pase nada, no puede ser una opción.



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