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Dando en el Punto

altEL OTRO DÉFICIT

Con un año y pico de retraso y luego de haberse cuestionamientos por parte del Congreso, la oposición política y algunos acreedores, finalmente el gobierno presentó sus estados financieros auditados para el año fiscal 2014. Dicho período concluyó con un déficit acumulado de $50,000 millones y con la interrogante en torno a la viabilidad o no del gobierno para seguir operando. Esa es la conclusión por parte de su auditor externo, la firma KPMG.

Pero eso no es todo. Dicho informe, además del déficit señalado, recalca que las deficiencias operacionales son de $1,200 millones e insuficiencias actuariales en los sistemas de retiro de $33,000 millones.

La presentación del susodicho informe surgió a solo horas de que el gobernador Alejandro García Padilla decretara el primer impago en la historia de la deuda constitucional y colocara en estado de emergencia a prácticamente todas las corporaciones públicas.

De igual forma el documento financiero, que retrata las delicadas arcas gubernamentales se hizo público luego de la aprobación de PROMESA que no es otra cosa que la sindicatura del gobierno y el acta de defunción política de la colonia, llámese Estado Libre Asociado (ELA).

Obviamente la radiografía económica del país, además de enseñarnos el déficit que no sorprende a nadie, nos dejar ver la incapacidad de los que históricamente se han turnado en el poder.

Es decir, lo que han administrado la colonia quienes con cargo al bolsillo del pueblo han endeudado al país por aquello de presentar una obra de gobierno como las estructuras faraónicas de Pedro Rosselló; o para presentar una etiqueta internacional ficticia como hiciera Rafael Hernández Colon cuando invirtió sin retorno alguno que se conozca $25 millones del pueblo en aquel Pabellón de Sevilla en 1992.

Pero hay otro déficit que igualmente nos cuesta y que precisamente ha estado presente en las distintas administraciones a lo largo de cada cuatrienio. Me refiero al déficit de moralidad política del cual padecen muchos de nuestra clase política sean rojos o azules.

No puede haber espacio a discusión sobre lo inmoral que resulta aprobar presupuestos sujetos al cuadre de los mismos con préstamos al BGF; como fue uso y costumbre de rojos y azules que hoy causa el colapso de esta institución bancaria gubernamental. Alguien, digamos Juan Parroquiano, razonablemente podría decir que del político que promueva tal barbaridad se podría esperar cualquier cosa.

Nada más lejos de la verdad y los mejores ejemplos sucedieron en la reciente terminación de la sesión legislativa, última de este cuatrienio. Veamos.

Al cierre de la misma quedó pendiente ante el Senado un proyecto de ley recomendado por la Oficina del Contralor y aprobado por la Cámara de Representantes, para que todas las entidades gubernamentales estén obligadas a presentar a esa oficina copia de todos los contratos que otorguen. Es decir, la transparencia en la contratación con fondos públicos no es una prioridad en el Senado popular de Eduardo Bathia.

Mientras ese proyecto para fiscalizar la contratación gubernamental no se aprobaba, sí fue aprobado el proyecto que establecería una zonificación “especial” en el área de La Parguera, para permitir las residencias sobre pilares anclados en el agua existentes allí. Este proyecto le da “patente de corso” a influyentes colaboradores $$$ políticos para apropiarse de terrenos de uso público, para fines privados. Pero no se equivoque nadie la rezonificación de la zona de La Parguera es una propuesta bipartita de Faz Alzamora y Larry Serhamer.

Este ejemplo es el mejor argumento para concluir que el otro déficit de moral política lo padecen rojos y azules, enfermedad política que parece incurable en estos partidos.



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