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HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

altComo ya deben conocer, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó reducir la jornada laboral de los empleados públicos de Puerto Rico a partir de septiembre de este año. Personalmente, estoy en contra de dicha determinación y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender al pueblo; igual que el Gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos. En esta administración hemos tomado medidas de manera rápida y diligente para evitar la implementación de una reducción de jornada laboral. Reducimos el 20% de los puestos de confianza, tomamos medidas de control de gastos, estamos reorganizando el Gobierno y continuamos trabajando e implementando iniciativas en beneficio del pueblo.
El efecto de una reducción de jornada laboral sería devastador para la economía de nuestra Isla. En primer lugar, afectaría la calidad de vida de nuestros ciudadanos, pues muchos no podrían cumplir con los pagos, obligaciones y compromisos financieros que tienen. No podrían pagar su casa, autos y préstamos personales, afectando al sector bancario. Además, golpearía a los comerciantes al provocar una reducción en el consumo. Nuestros pequeños y medianos comerciantes serían los más afectados. Este recorte también podría tener efectos negativos en servicios esenciales como educación, salud y seguridad.
Este Gobierno ha estado recortando en áreas donde anteriormente se desperdiciaba o se administraba mal. Hemos logrado ahorros sustanciales desde los primeros meses de administración. La Junta de Supervisión Fiscal debe unirse a nuestros esfuerzos y dar el ejemplo, disminuyendo sus costos de operación. Resulta inmoral que pretendan seguir recortándole al pueblo, mientras sus gastos nos cuestan casi 3 millones de dólares mensuales. Además, la Junta de Supervisión Fiscal no puede actuar de forma unilateral y sin justificación alguna. Tampoco puede ejercer las funciones de la rama ejecutiva, legislativa ni judicial. Sus miembros deben tener claro que el pueblo nos escogió a nosotros para gobernar a Puerto Rico, no a ellos.
Por todo lo anterior, me uno al Gobernador, a los líderes políticos de todos los partidos y a los expertos temas de economía para pedirles a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal sensatez y sensibilidad hacia nuestro pueblo puertorriqueño. Esta administración ha demostrado el cumplimiento de las medidas estipuladas, por lo que la reducción de jornada laboral resulta innecesaria y no tiene justificación. Implementarla solo afectaría más nuestra economía, nuestra clase trabajadora y hasta nuestros sectores más vulnerables. Si insisten, sepan que llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender al pueblo que nos dio su voto y su confianza. Cumpliremos con nuestro deber.



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