Al Fondo: El legislador a tiempo completo vs el legislador ciudadano
En el año 1946, los Estados Unidos de América nombró a Jesús T. Piñero como el primer puertorriqueño gobernador de la Isla, previo a la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para ese entonces, los miembros de la Asamblea Legislativa, legisladores ciudadanos, eran compensados por sus servicios a través de pagos de dietas y millaje por su asistencia a sesiones y vistas.
Estos legisladores debían ganar el sustento de sus familias a través de sus trabajos regulares, la práctica de la profesión y la administración de negocios, haciendo los arreglos pertinentes para atender los trabajos legislativos durante las sesiones, que eran de corta duración.
Luego se determinó establecer un salario para los legisladores que tuvo que ser aumentado a través de legislación en numerosas ocasiones, aunque se les permitía mantener sus trabajos regulares, la práctica de las profesiones y la administración de negocios propios.
Y, aunque fue escaso el número de legisladores que descuidó la atención al trabajo legislativo o que aprovechó los recursos de la Asamblea Legislativa para su beneficio, los abusos a la confianza pública no dejaron de ser causa de indignación en el pueblo.
La práctica de celebrar las sesiones legislativas durante la noche hasta la madrugada acrecentó el malestar de los ciudadanos con sus representantes en la Asamblea Legislativa y surgió el clamor de opinión pública para que se fortalecieran los mecanismos para que los legisladores dieran su prioridad al trabajo para el que fueron electos.
Surgió, entonces, la Ley 13 de 24 de junio de 1989, bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón para proveer un aumento de compensación legislativa con el compromiso de legislar para establecer la prioridad del trabajo legislativo y se acordó crear un horario fijo de trabajo y restringir el ingreso de fuentes extra legislativas.
Luego se aprobó la Ley Núm. 235 de 16 de diciembre de 1995, que creó la figura del “Legislador a Tiempo Completo” con la firma del gobernador Pedro Rosselló González que establece que los miembros de la Asamblea Legislativa cumplirán con sus funciones legislativas y oficiales a tiempo completo y de esta manera se reiteró el compromiso del legislador como servidor público, eliminando la posibilidad de dedicarse durante su incumbencia a otras gestiones, en beneficio propio.
Después se aprobó la Ley Núm. 81 de 18 de junio de 1998, con el propósito de aumentar el sueldo anual de los miembros de la Asamblea Legislativa y tener el derecho a recibir beneficios marginales como asignación de un vehículo oficial, pago de gastos telefónicos y de franqueo para asuntos oficiales, firmada por el gobernador de turno, Pedro Rosselló González.
Y, en el 2008, bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá, se aprobó la Ley Num. 115 del 17 de junio de 2008, la cual establece los salarios y emolumentos a los legisladores..
Es decir que con “prisa y breves pausas”, la Legislatura convirtió al “legislador ciudadano” a “legislador a tiempo completo”, para hacer la Asamblea Legislativa una parcela de privilegios personales y en un mercado de empleos en el que sus integrantes insisten en mantenerse “atornllados” o ser batatas políticas porque perdieron en las elecciones.
Legisladores trabajando a “tiempo completo” para cada mes llenar un “saco de “washingtones” en salario que ronda entre $60 a 90 mil anuales y otro saco de billetes en beneficios marginales: dietas, automóviles, teléfonos que suman a casi la cantidad del salario. Es decir, unos ciento y pico de mil de dólares anuales por cada uno de estos genios, que por lo general tienen el bombillo de vacaciones y que necesitan para legislar a cuatro o cinco asesores.
Lamentablemente, este “legislador a tiempo completo” que fue nombrado para que ejerciera sus funciones en el logro del más alto nivel de eficiencia, excelencia y productividad se ha ido convirtiendo en un perdidoso que falta al logro de los niveles de eficiencia, que enmienda no crea, que perdió su dedicación en algún amarmolado rincón de la Casa de las Leyes, que sustituye la fina oratoria y la acción pensante por el “dime y direte” y los insultos mezquinos de la politiquería. En suma, un trepador de carrera, que arrima la sardina al fuego que le conviene.
Hoy, surge el tema del “Legislador Ciudadano” o a tiempo parcial, a los fines de establecer el modo en que se ejercerán las funciones de los legisladores y su compensación; y eliminar todos los estipendios adicionales de dietas, automóviles oficiales, pago de servicios telefónicos y franqueo.
El “Legislador Ciudadano”, según se dice, no podrá ejercer actividades privadas que sean incompatibles por presentar conflicto de intereses con el ejercicio de su función oficial, y su deber primario es con el ejercicio de su función oficial y representativa y deberá asistir con puntualidad a los trabajos del cuerpo y las comisiones a que pertenezca.
Esto, de forma numérica, no debe ser todo. Lo primero debe ser no permitir aumentos de sueldos a los legisladores cuando hay miles de desempleados y miles de votados por la administración anterior. Ahora no fue Aníbal, ahora fue Fortuño. Eliminar los dichoso beneficios marginales.
¿Son o no servidores públicos? Eliminar a los grupitos de asesores que son expertos en nada y mentores de menos. Economía al eliminar las oficinas lujosas y salones para reunirse con los “panas” y planificar en los “cuartos oscuros de día”. Economía al reducir el horario de las sesiones maratónicas para evitar a los legisladores, habladores de basura y egocentristas, que con su verborrea barata y futil no le llegan ni a los tobillos a don Ernesto Ramos Antonini.
Señor gobernador electo, Alejandro García Padilla, si “en veldá”, como dice el jíbaro boricua, usted quiere que se apruebe una ley de “enjundia” y de óptimo beneficio para el pueblo puertorriqueño, NO dispare de la baqueta, espere un poquito que el que espera para bien no desespera.
Nos parece, con su respeto, que este asuntito del “legislador ciudadano” no es uno de los asuntos de mayor prioridad en estos momentos donde la criminalidad está por las nubes, el maltrato de género campea por sus respetos, el desempleo está descarrilando y perjudicando a los que fueron empleados eficientes, a los maestros que no tienen libros ni bibliotecas ni bibliotecarios, a los graduados que no tienen empleo, a los policías y enfermeras que ganan un sueldo miserable, ante el creciente costo de vida.
Vea primero qué es lo que le conviene al pueblo y, luego de ponderar y estudiar sus apremiantes necesidades, cumpla con sus promesas, no como candidato y sí como gobernador. No haga lo que tanto criticó.
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