Dando en el Punto
LA JUNTA DEL “DOLOR” FISCAL
Mucho se ha dicho sobre la eminente legislación congresional donde se apruebe una entidad “foránea” a los intereses del país, pero con súper poderes, para el manejo y administración de la vida cotidiana fiscal de los puertorriqueños. De facto esa entidad “foránea” echa al suelo la llamada autonomía fiscal del ELA, lo que nuevamente pone de manifiesto nuestra condición colonial.
Sobre el particular nuestra clase política, tanto el liderato penepé como PPD, del saque rechazaron la intervención federal en el tema fiscal de la isla, por tratarse de un acto colonial; pero ya le han dorado la píldora y con el beneplácito colonial de siempre ahora aceptan la intervención “foránea”. Alegan rojos y azules que si se respeta el “gobierno propio” no tendrían problemas con la llamada Junta de Control Fiscal. Eso no necesariamente es lo que se legisla en el Congreso, veamos;
El borrador de proyecto que ya se discute en el Congreso, y según publicado, ofrece la oportunidad de ver cómo pudo ser la junta federal de control fiscal y el proceso de reestructuración de la deuda pública de haber ocurrido en diciembre de 2015, una transacción entre republicanos y demócratas sobre este asunto y haberse incluido lenguaje en el ómnibus presupuestario. Aunque el Tesoro dice que el documento no es necesariamente su visión, y sostienen que fue redactado en el Congreso, el mismo es un reflejo de lo que se intentó aprobar a última hora en diciembre de 2015, con el visto bueno de la administración del presidente Barack Obama.
En términos generales, no hay gran diferencia sobre el amplio poder que debe tener la junta de control fiscal entre el borrador que se le atribuye al Tesoro y los proyectos de ley presentados por los republicanos Orrin Hatch (Utah) y Sean Duffy.
Bajo el mencionado borrador, la junta se llamaría “Consejo de Asistencia para la Reforma Fiscal” y aplicaría a todos los territorios. Sobre el tema el Tesoro, igual que los republicanos, están de acuerdo que la junta sea la última fuente de poder sobre el presupuesto y los planes fiscales del país. Eso quedó al descubierto cuando el pasado 25 de febrero en una vista congresional sobre la crisis de Puerto Rico el consejero del secretario del Tesoro, Antonio Weiss así lo aseguró. En su ponencia, este funcionario insistió en que se requiere una supervisión “independiente y fuerte” sobre las decisiones fiscales que tome el gobierno de Puerto Rico.
Que quiere decir el Sr. Weiss con “independiente y fuerte”, pues, sencillo, en esa vista pública el funcionario descartó la idea de que una junta federal se limite a tener funciones de asesoría al decir y citamos: “La junta debe proveer las proyecciones de recaudos y recomendar mejoras al presupuesto y a las prácticas de gerencia fiscal. Eso incluye planes regulares, multianuales, y presupuestos que sean equilibrados de acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación general. La junta debe tener también suficientes herramientas para poder hacer los ajustes necesarios si el gobierno se queda corto de cumplir con los objetivos”.
Es obvio que estamos ante un escenario donde el poder metropolitano quiere mantener el poder sobre la colonia, con el solo propósito de salvaguardar los intereses de los acreedores y bonistas. Es decir, al ellos controlar al aparato fiscal puertorriqueño no necesariamente sería para velar por el presupuesto que se utiliza para darle servicios al pueblo. En ese sentido la Junta de Control Fiscal, será buena para los acreedores y bonistas y para el país podría representar todo lo contrario. De esta manera esta junta sería vista en sus funciones como la Junta del Dolor Fiscal para el pueblo de Puerto Rico.
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